SOPA/PIPA: intromisión indebida, iniciativa contraproducente

El 18 de enero, en el mundo digital se llevó acabo una protesta sin precedentes contra SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act), dos proyectos de ley que actualmente cursan en el Congreso de los Estados Unidos.

A pesar de que sus ponentes las presentan como una necesidad imperiosa para robustecer la protección de la propiedad intelectual en Internet, estas iniciativas no son más que una intromisión innecesaria e indebida del Estado a costa del individuo, el interés general y el mercado libre.

De ser aprobadas, estas leyes le darían facultades extra-territoriales al Fiscal General de los Estados Unidos para ordenar el bloqueo de cualquier página de Internet en el mundo. Ante cualquier queja sobre el uso no autorizado de contenido digital, y sin la necesidad de llevar acabo un juicio que observe el debido proceso, Estados Unidos podría ordenar a las compañías prestadoras de servicio de Internet restringir el acceso a cualquier sitio, retirar su aparición en motores de búsqueda, y ordenar el cierre de sus plataformas de publicidad y pagos en linea.

Aparte de las profundas implicaciones con respecto a los derechos fundamentales a la intimidad, a la libre expresión y asociación, y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, estas iniciativas serán contraproducentes a la hora de cumplir el propósito de la legislación que reconoce la propiedad intelectual: fomentar la innovación cultural y científica.

Los mal llamados “derechos” de autor, en efecto son privilegios económicos concebidos hace siglos para fomentar la innovación. En la edad media, el conocimiento era un bien escaso. Con la llegada de la imprenta, las iglesias y coronas de Europa quisieron incentivar la creación y difusión de textos para expandir su influencia. Pero en esa época, realizar una obra creativa implicaba altos costos de investigación, preparación y difusión, y los autores se enfrentaban al problema del polizón debido a las limitaciones tecnológicas de aquel entonces. Como incentivo, los gobiernos decidieron otorgar a los autores un monopolio sobre la reproducción de sus obras para que así pudieran recuperar su inversión y gozar del fruto de su trabajo.

Con el paso del tiempo, la protección de los privilegios de autor se ha ido ampliando para incluir nuevos medios de expresión creativa. El esquema ha sido exitoso a la hora de fomentar la innovación y el desarrollo cultural y ha generado industrias millonarias. Sin embargo, con la llegada de Internet, las bases económicas sobres las cuales se construyó ese sistema se derrumbaron y todo cambió.

Antes, en términos económicos, una obra era un “bien privado” porque su uso implicaba el concepto de la rivalidad. Hoy, el contenido es hoy un “bien público” semejante al aire porque el uso por parte de una persona no impide el uso simultáneo por parte de otra. Por ejemplo, antes dos personas no podían usar el mismo texto al mismo tiempo. Hoy, con el invento de la copia digital, muchas personas pueden compartir y usar textos, fotos, música y videos al mismo tiempo.

Esa sutil distinción, por simple que parezca, cambió todo a la hora de pensar en políticas para fomentar la innovación cultural. Cada día, millones de personas tienen acceso a la mayor fuente de conocimiento y cultura en la historia de la humanidad: Internet. Cada día, se comparten millones de ideas, textos, fotos, música y videos desde rincones opuestos del planeta. Cada día, tenemos la oportunidad de consultar la enciclopedia más completa que jamas haya existido y de viajar a destinos lejanos para expandir nuestro mundo sin salir de casa.

Gracias a estos avances tecnológicos, nunca ha sido menos costoso ni tan facil investigar, producir, publicar y difundir una obra creativa. Lo que antes requería de una gran financiación para asegurar una producción especializada, canales de distribución y campañas de mercado, hoy lo puede hacer un individuo a un costo relativamente bajo (e.g., con un telefono inteligente). Además, el problema del polizón se ha reducido drasticamente debido a nuevas tecnologías de comercialización que permiten negociar individualmente con cualquier consumidor. Por todo lo anterior, las justificaciones que alguna vez existieron para otorgar monopolios legales a los autores han desaparecido.

Debido a estos cambios revolucionarios, la agremiación de intermediarios que hoy controla las industrias culturales (medios masivos, industria de entretenimiento, etc.) está alarmada y ha organizado un poderoso cabildeo mundial para proteger sus privilegios y el status quo. Incluso ha realizado absurdas campañas que buscan asemejar a la libre difusión de la cultura y el conocimiento con crímenes tan bárbaros como la piratería. Ese cabildeo, que llegó a España por medio de la Ley Sinde, a Francia por medio de la Ley Hadopi y a Colombia por medio de la Ley Lleras, ahora llega a los Estados Unidos por medio de SOPA y PIPA.

El punto es que en el mundo de hoy, la innovación cultural no es producto del régimen de derechos de autor sino del libre flujo de contenido y del deseo y la habilidad para compartir y colaborar. De lo contrario, ¿cómo explicar que haya más de 150 millones de blogs sin ánimo de lucro y que pasemos varias horas al día interactuando y compartiendo ideas, fotos, canciones y videos por medio de diversas redes sociales? Todos queremos aprender, enseñar y darnos a conocer. Si somos buenos, el éxito llega por la calidad de nuestro contenido y con ello llegará la remuneración que determinen los actores del mercado de manera voluntaria.

Es evidente que en un mundo interconectado de cerca de siete mil millones de habitantes debemos replantear el esquema de incentivos para fomentar la innovación. Mientras el esquema de privilegios de autor generó innovación a un ritmo lineal, uno basado en el libre flujo del conocimiento podría generar innovación a un ritmo exponencial. Por eso, condicionar el acceso mundial a Internet a la perpetuación de modelos de negocio obsoletos y excluyentes es mala idea. En vez de erigir más barreras que distorsionan el libre mercado para proteger los intereses particulares de poderosos gremios, los gobiernos deben estudiar como derrumbarlas para democratizar el acceso al conocimiento y lograr que la humanidad entre a la era de la ilustración digital.

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Letter to the editor of MedIndia.net

Dear Sir,

The unfortunate diction chosen by your reporter in the article “2011 Marks Lost Drug War Across Latin America“, published on December 13, 2011, reflects a profound misunderstanding of the issue at hand and of basic economics principles at play. It is inaccurate and, indeed, profoundly unfair to attribute the failure of the war on drugs in Latin America (or in the Golden Crescent region for that matter) to “incompetent regional anti-narcotics policies.” Far from involving regional initiatives, the war on drugs is a global strategy framed by several UN Treaties, including the 1961 and 1988 Conventions, among others.

Decades ago, these multilateral pacts were built on then-popular, supply-oriented economic assumptions positing that the most effective strategy for addressing global consumption would be attacking the supply chain. However, in the 50 years that have since passed, the world has realized that eradication and interdiction efforts have not dented global consumption to any significant extent, despite the valiant efforts made and the enormous social, political and environmental costs borne by drug-producing countries. Along the way, however, many lost sight of a crucial subtlety that is worth noting: the war on drugs was always intended to be a war on consumption and not a war on cartels.

Indeed, the foremost reason why the global war on drugs has failed is because it has not been directed towards or made any progress in reducing the world’s demand for drugs. As we are now realizing, the combination of a complacent attitude towards an ever-growing demand for drugs (driven by the West’s insatiable appetite) with a framework that criminalizes every step in the supply-chain does not reduce consumption. Rather, it has led the whole industry towards a black market in which organized crime and insurgent groups engage in bloody competition for huge profits inflated by prohibition. In the underground, there are no rules: political power is bought, the rule of law is corrupted, market share is won by war, and disputes are resolved through violence.

Evidently, any policy that generates social costs which outweigh those associated with the problem it sets out to solve can only be characterized as an utter failure. Unless and until the world adopts a new strategy that focuses on effectively reducing global demand, any regional efforts to curb supply will be unsustainable and ultimately ineffective, as the balloon effect will simply cause displacements in the supply chain; one producing nation’s win will be another’s loss. Countries in regions adept for production and trafficking have borne and continue to bear a disproportionate burden in the global war on drugs, but this cannot be interpreted as regional incompetence; rather, it is a strong indication that the current global drug policy, in addition to being a resounding failure, is deeply unjust.

Sincerely,

Camilo De Guzmán Uribe
Economist, Attorney at Law
Former Candidate for Colombia’s House of Representatives

CC: Nancy Needhima

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Jacque Fresco, futurista

Jacque Fresco, futurista, inventor, autodidacta en arquitectura, diseño industrial, e ingeniería social, y pionero en la ingeniería de los factores humanos, tiene una visión de un futuro en donde la tecnología y la ciencia se aplican para resolver problemas sociales y lograr vivir en harmonía con el medio ambiente.

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Sobre Egipto y otras revoluciones

“…when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.” – Declaration of Independence, United States of America (July 4, 1776).

“… cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.” – Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776).

pic via via @Dima_Khatib

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La Favela Coloreada

Con la ayuda de dos artistas holandeses, la comunidad de Santa Marta, una favela en Rio de Jainero, está cambiando su identidad y trayendo un poco de color a sus vidas. Hasta los más oscuros rincones de este barrio pobre, plagados por una cotidianidad dictada por el narcotráfico y la violencia, ahora son espacios iluminados por colores vibrantes.

Jeroen Koolhaas y Dre Urhahn llegaron a las favelas de Brasil en el 2005 para filmar videos de hip hop. Se quedaron y ahora están dedicados a producir asombrosas obras de artes en lugares inesperados. Sus proyectos involucran a los jóvenes locales, cambiando tanto el hostil entorno que los rodea como la mentalidad que han adquirido a causa de ello.

Este es un emocionante ejemplo de como, por medio de la expresión cultural y el embellecimiento del espacio público, es posible inspirar a una comunidad y empoderarla para que rescate sus calles, cambie su identidad y trase otro destino para sus hijos. Aunque no siempre salta a la vista, dentro de cada problema siempre hay una oportunidad.

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Vientos de Cambio

Hace tan solo ocho meses, un uribismo triunfante, seguido por sus escuderos conservadores y los tinieblos del PIN, parecIa ser la fuerza politica mas formidable del pais. Habiendo obtenido la mayoria del Congreso, el pais parecia reafirmar su firme curso hacia la derecha. Las ciudades de Colombia estaban llenas de vallas (algunas ilegales) de la U y manillas y marranillas se repartían en los pueblos al son del vallenato..LEER MAS

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El camino hacia un negocio verde

El mundo está preparado para cambiar de modelo de subsistencia debido al calentamiento global que ha causado la dependencia en los hidrocarburos. En medio de esta marea de cambio, los países que custodian el Amazonas tienen la oportunidad de generar nuevas industrias, empleos e ingresos y a la vez preservar recursos ambientales únicos con un gran potencial económico en el Siglo XXI. Pero para lograrlo deben adoptar una estrategia diplomática conjunta y asumir el liderazgo que les corresponde como Bloque Amazónico en las discusiones mundiales sobre el cambio climático.

Evolución de la legislación internacional ambiental

Hace ya casi dos décadas, en 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro la comunidad internacional comenzó a adquirir conciencia sobre la necesidad de tomar medidas, a nivel global, que permitieran controlar la emisión de gases para impedir alteraciones bruscas al sistema climático del planeta.

Luego de esa cumbre, 154 países suscribieron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado de carácter no-vinculante cuyo principal propósito era impulsar la concientización mundial sobre los peligros relacionados con el cambio climático.

Cinco años más tarde en la ciudad de Kyoto, todos los países industrializados, salvo los Estados Unidos, se comprometieron a ejecutar medidas concretas para reducir los gases que causan el calentamiento global. El Protocolo de Kyoto, un tratado vinculante para las partes suscritas, entró en efecto en el 2005 y requiere que los países industrializados reduzcan sus emisiones gradualmente entre el 2008-2012.

Este fue un importante primer paso en el camino hacia la adopción mundial de un modelo energético más renovable y sostenible. Sin embargo, el protocolo de Kyoto ha sufrido de dos grandes falencias que deben ser rectificadas.

Primero, los Estados Unidos, el segundo país que más contaminación atmosférica emite, firmó pero no ratificó el tratado, evitando obligación alguna. Esto ha entorpecido las negociaciones para un tratado pos-Kyoto, ya que la China y otras naciones en transición no están dispuestas a poner sus economías en desventaja sin que los americanos también asuman un compromiso para reducir sus emisiones.

Segundo, el protocolo de Kyoto se ha quedado muy corto frente al tema de la deforestación. Aunque el tratado incentiva la reforestación, no premia económicamente los esfuerzos para evitar la deforestación y degradación de los bosques (REDD por su sigla en inglés). Esta debe ser una prioridad del próximo acuerdo internacional ambiental, ya que la deforestación emite entre 20-25% de los de gases efecto invernadero que calientan la atmosfera de la tierra, lo cual representa un porcentaje superior al que se le atribuye al sector de transporte y movilidad a nivel mundial.

La vegetación absorbe, retiene y procesa una gran cantidad del CO2 mundial y la tala de bosques naturales no sólo libera estos gases en grandes cantidades sino que reduce la capacidad futura de absorción, retención y procesamiento. Además el despeje de bosques tropicales para usos agropecuarios causa una incalculable perdida de biodiversidad y amenaza el balance de fuentes hídricas en América Latina.

Evitar la deforestación: una oportunidad para los países amazonicos

Las obligaciones adquiridas bajo el Protocolo de Kyoto expiran en el 2012. Aunque los países suscriptores han expresado voluntad para renovar su compromiso con el control de emisiones, las negociaciones para estructurar el nuevo tratado avanzan lentamente. Los países ricos y los emergentes no coinciden en la percepción de su responsabilidad histórica frente al tema y tienen visiones distintas sobre la estructura del acuerdo.

Afortunadamente, luego de los foros adelantados en Bali en el 2007 y Copenhagen a finales de 2009, existe un consenso sobre la necesidad de que el próximo tratado premie a los países emergentes por evitar la deforestación. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre como lograrlo y existen más de treinta propuestas distintas al respecto.

En este ambiente fragmentado, los países que custodian la Amazonía tienen la oportunidad y el interés común de consolidar un bloque de negociación fuerte que les permita liderar la discusión y obtener términos favorables para preservar y explotar sus recursos ambientales de manera sostenible.

Con bajos niveles de emisiones históricas y actuales, los países amazónicos tienen la autoridad moral para exigir una compensación adecuada por el costo de oportunidad que implica preservar tierras que podrían ser utilizadas para otros fines productivos.

Pero no sólo se trata de recibir pagos por preservar el pulmón del mundo. Se trata de aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece la coyuntura mundial y a la vez frenar una deforestación que a largo plazo será costosa para todas las partes. Para lograr estos objetivos es necesario negociar desde una posición fuerte de unidad.

Hacerlo aumentaría la posibilidad de que los países amazónicos puedan acceder por primera vez al mercado europeo de carbono para comercializar sus créditos certificados de reducción de emisiones (CERs). El mercado verde europeo es el único en operación con el capital y el volumen necesario para obtener una compensación justa por los beneficios mundiales que genera la Amazonía.

Por otra parte, existen grandes retos para la implementación de los mecanismo REDD como la dificultad y el costo que implica medir los niveles de carbono que contienen los bosques. Establecer un punto de partida es complejo y además existe preocupación sobre la posibilidad de que haya corrupción en las mediciones y los reportes.

Al adelantar una diplomacia enfocada en el tema del cambio climático, los países amazónicos pueden optimizar sus recursos al enfrentar estos retos. La creación de un órgano multilateral especializado puede facilitar la ejecución de los estudios y proyectos pilotos necesarios para adelantar propuestas contundentes y adquirir ventajas comparativas. Además formando equipos científicos dotados con la más alta tecnología podrían realizar mediciones más precisas y confiables para la comunidad internacional.

La ejecución de proyectos REDD no sólo traerá recursos por la venta de CERs sino que generará empleos en industrias complementarias que permitirán aliviar la pobreza en las naciones amazónicas sin comprometer el futuro potencial económico de su gran riqueza ambiental. Gracias a los avances científicos en el campo de la biotecnología, la inigualable biodiversidad que alberga la Amazonía se perfila cada vez más como un poderoso motor económico, al igual que sus abundantes fuentes de agua.

Con el tiempo, el éxito de proyectos REDD también permitirá el desarrollo de industrias de servicios financieros, jurídicos y técnicos relacionados con los mercados verdes. Además las tareas de conservación y monitoreo generarán empleos para las comunidades locales y se pueden desarrollar otras actividades comerciales de carácter sostenible en esas tierras como el eco-turismo y otros servicios relacionados con el cuidado personal, la recuperación y la prolongación de la vida.

Es hora de que América Latina pase la mirada del espejo retrovisor al horizonte de oportunidades que ofrece este nuevo siglo. Por nuestro bien, el bien del mundo y el bien de nuestras próximas generaciones debemos encontrar la forma de explotar nuestros afortunados recursos ambientales sin destruirlos. Un futuro verde nos espera.

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Graffiti: ¿arte o vandalismo?

Pintando graffiti sobre publicidad callejera estoy denunciando la caótica presencia de polución visual en los muros abandonados de Bogotá y llamando atención a la oportunidad que hay para mejorar la regulación de la libertad de expresión en los espacios públicos.

Existe la posibilidad de que el aumento en el crimen urbano desate una serie de medidas que pueden terminar reprimiendo la libertad de expresión, la creatividad y el arte callejero de Bogotá. Si bien el vandalismo y los atropellos contra la propiedad privada y pública no deben ser permitidos, debemos formular políticas que fomenten un desarrollo ordenado de la cultura urbana y de la creatividad bogotana.

La expresión artística, cultural y política en las calles de Bogotá es una valiosa forma de crítica social que goza de cierta protección constitucional. Por medio del arte urbano se pueden recuperar y dignificar espacios perdidos. Pero para no ser reprimido, este creciente movimiento debe formalizarse. Es necesario identificar espacios idóneos para que la comunidad artistica pueda expresarse libremente sin vulnerar los derechos de los demás. En vez de conducir al grafiti y la publicidad gráfica a la clandestinidad, necesitamos reglas de juego progresistas.

Es posible preservar el patrimonio cultural y promover respeto por la propiedad pública y privada, y a la vez implementar políticas que contribuyan al desarrollo del arte urbano como herramienta de dignificación y embellecimiento del espacio público. El graffiti no es un problema, es una enorme oportunidad para el desarrollo de la cultural urbana.

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Es importante evaluar el éxito de la lucha contra las drogas

La lucha mundial antidroga está estructurada bajo las Convenciones de Estupefacientes de la ONU de 1961 y 1988, cuyo principal enfoque consiste en restringir la oferta de la materia prima usada para crear sustancias psicotrópicas como la cocaína y la heroína. Esta estrategia se basa en la básica premisa económica de que reducir la oferta de la materia prima para un bien normal aumenta el precio del producto final, lo cual lleva a una reducción en demanda.

Respecto a la cocaína, esta estrategia no parece estar funcionando ya a pesar de los aparentes avances del Gobierno en la erradicación de coca. Según el Reporte Mundial de Drogas publicado en 2007 por la ONU, entre 2000 y 2006 la superficie de cultivo de hoja de coca disminuyó 29%, lo que incluye una reducción de 52% en Colombia. Sin embargo, el mismo reporte indica que el consumo en América del Norte sigue estable mientras nuevos mercados se expanden de manera inquietante. En Europa el consumo ha aumentado considerablemente, duplicándose o triplicándose en varios países en el último decenio, al igual que en África y Sur América, donde también ha aumentado.

Esto se debe a que la lucha antidroga está basada en la premisa económica equivocada. Las drogas como la cocaína no son bienes normales, ya que son sustancias adictivas y por lo tanto su demanda es inelástica; es decir, el consumo no se ve muy afectado por los aumentos en precio. (Por ejemplo, si el precio de la insulina -un bien inelástico- se dispara, los diabéticos no tienen más alternativa que pagar o sufrir las consecuencias.)

Además, la demanda de la cocaína también parece corresponder a la de los bienes de lujo, que entre más caros son más deseados. Lamentablemente, en Europa y Estados Unidos la cocaína tiene una imagen misteriosa y glamurosa gracias a su representación en las películas. Los aumentos en precio le dan un tinte de exclusividad que eleva el estatus del consumidor que pueda pagar, lo cual propaga esta imagen y aumenta la demanda.

Por lo tanto, tratar de reducir el consumo mundial de la cocaína (que debería ser el objetivo) con políticas de erradicación no es factible, como lo demuestran los indicadores discordantes de la ONU, ya que subir el precio restringiendo la oferta no causa bajas en demanda. En contraste, restringir la oferta de la droga crea incentivos económicos para que aumente su producción, lo cual explica el reciente informe de la ONU que indica que los cultivos ilícitos en Colombia crecieron 27 por ciento en el 2007.

Es decir, la política que criminaliza la ‘producción’ de la hoja de coca y los programas gubernamentales de erradicación manual y fumigación aérea en realidad subsidia a los productores y narcotraficantes, aunque parezca increíble. El mismo presidente Uribe lo afirmó cuando aún era candidato en el año 2001. Los márgenes de los narcos nunca se ven afectados, pues cualquier aumento en costos de producción causados por la erradicación son transferidos al consumidor que prefiere pagar más que no consumir.

Aunque el año pasado España fue líder europeo y tercero en el mundo en incautaciones de cocaína, esto no impidió que se sobrepasara a Estados Unidos como el mayor país consumidor. Esto demuestra que los esfuerzos de Colombia en el tema de erradicación no tienen ni tendrán gran efecto para colmar la insaciable demanda por cocaína en los países industrializados.

Puede que esta lucha tenga efectos en relación con la lucha contra los grupos armados, pero es importante hacer esta distinción. Incluso si los programas de erradicación han contribuido a logros de la seguridad democrática, cabe evaluar cuáles son los costos para el país y las consecuencias negativas para nuestra gente y nuestros recursos ambientales.

A medida que se erradican las plantaciones de coca, los grupos productores las trasladan a partes más remotas de la selva colombiana, dejando minas antipersona en el camino. Una vez allí, para sembrar talan o queman miles de árboles que alojan ecosistemas enteros, masacrando nuestra afortunada biodiversidad y despojando a la humanidad de miles de plantas endémicas con un inmenso potencial medico y farmacéutico. Además, esa deforestación aumenta nuestras emisiones de carbono y disminuyen la capacidad de absorción mundial, incrementando el calentamiento global. A la vez, la fumigación aérea envenena la tierra y fuentes de agua, causándoles problemas de salud a nuestros campesinos y matando a sus animales, privándolos de su propiedad sin compensación.

Como si esto fuera poco, los grupos armados que siembran coca destierran a los habitantes rurales que no les colaboren, con lo que se aumentan los millones de desplazados internos que ya tiene nuestro país. Esto contribuye a la decadencia del campo, a la inequidad económica que causa el hurto de tierras, al desempleo urbano, a que se incremente el crimen en las ciudades y el poder de las mafias que controlan a los vendedores ambulantes. De hecho, hoy en día millones de colombianos viven en condiciones miserables, privados de sus derechos fundamentales y olvidados como si no tuvieran ciudadanía alguna.

Aplaudo los logros de la seguridad democrática, pero es claro que en el tema de la erradicación hay que cambiar de enfoque. Colombia no deber seguir gastando sus escasos recursos aplicando una estrategia fallida que desangra a nuestro país, destruye nuestros recursos ambientales y corrompe nuestra democracia. Los países consumidores deben asumir una mayor responsabilidad en el tema y dedicarle al menos la misma proporción de sus abundantes recursos a reducir la demanda, que es la única solución sostenible, en vez de contemplar la despenalización del consumo en sus parlamentos.

Es evidente que bajo el régimen actual hay tanta plata de por medio que por cada Pablo que matemos, habrá un Gilberto que lo remplace. Éste, al ser deportado, será remplazado por Manuel o Carlos, quienes al morir serán inmediatamente relevados por tipos tan resbalosos como ‘el Jabón’. Apretar el extremo de un globo solo transfiere el aire al lado opuesto, pero no hace que el aire desaparezca. Debemos buscar soluciones sostenibles y más justas a largo plazo que se enfoquen en el propósito original: reducir el abuso de drogas en el mundo y sus nefastos costos sociales.

© Camilo de Guzmán Uribe 2008-06-19

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Relatos Urbanos – Ciclovía

Testimonios de ciudadanos de Bogotá sobre desconfianza política, desempleo, corrupción, inseguridad y la necesidad elegir jóvenes con ideas frescas al Congreso.

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